La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados de la República Dominicana sostuvo una reunión de trabajo con empresarios del sector financiero y tecnológico este jueves 28 de mayo, en el Salón Juan Pablo Duarte del Congreso, con el objetivo de avanzar en la estructuración del proyecto de ley para regular las criptomonedas.
Participación de actores clave
Entre los asistentes al encuentro destacaron representantes de empresas como Grupo Multicómputos, FINLABS, NEITEC y Tether, la emisora de la stablecoin USDT. Los legisladores recibieron retroalimentación técnica para modificar y robustecer el marco normativo presentado inicialmente por el diputado Carlos de Pérez en marzo.
El proyecto de ley se enfoca en la prevención, control y fiscalización de las monedas digitales, definiendo a bitcoin y otros activos digitales como bienes sujetos a tributación. Esto significa que las ganancias por su intercambio o venta deberán pagar impuestos, siguiendo modelos regulatorios ya implementados en países como México y Colombia.
Diálogo con la comunidad especializada
El sector privado y la comunidad local han adoptado una postura proactiva frente a la iniciativa legislativa. Organizaciones como Bitcoin Dominicana habían manifestado previamente su preocupación sobre ciertas directrices de la propuesta original, advirtiendo que podrían afectar el desarrollo tecnológico y la atracción de inversiones.
Esta reacción motivó la apertura de mesas de diálogo técnico para incorporar la visión de los especialistas en la redacción final de la norma. Tras conocerse la reunión, desde Bitcoin Dominicana expresaron que el país
«tiene la oportunidad de convertirse en líder regional en innovación financiera si logra equilibrar protección, educación y apertura tecnológica»
, añadiendo que
«La adopción real ya comenzó»
.
Tendencia regional hacia la formalización
El desarrollo de estas discusiones en el Congreso dominicano refleja una tendencia en América Latina hacia la formalización institucional de los activos digitales. Al integrar a empresarios y comunidades especializadas, las autoridades locales buscan diseñar una estructura legal que equilibre la mitigación de riesgos con el crecimiento de un ecosistema digital en expansión.
