La Fiscalía de Bolivia ha solicitado una condena de 20 años de prisión contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravada. La acusación se basa en la presunta relación que mantuvo con una menor de edad en 2015, cuando aún ejercía la presidencia del país.
Proceso judicial y declaración de rebeldía
La solicitud de pena máxima se produjo después de que el tribunal declarara en rebeldía tanto a Morales como a la madre de la supuesta víctima, tras ausentarse de una audiencia en Tarija. Esta decisión judicial conllevó la emisión de órdenes de búsqueda y captura contra ambos.
Frente a estos cargos, el exmandatario publicó en sus redes sociales:
“No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia”.
Fundamentos de la acusación y resistencia
Las autoridades judiciales sostienen que los hechos ocurrieron en 2015, cuando la joven tenía 16 años, relación que habría resultado en el nacimiento de una hija. La Fiscalía presentó pruebas alegando que los padres de la menor la entregaron al entonces jefe de Estado a cambio de favores políticos y beneficios económicos.
Morales, quien ha rechazado todas las citaciones judiciales, se refugió en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, donde recibió protección de sus seguidores durante más de 18 meses, impidiendo su detención. El ex presidente argumenta que el caso responde a motivaciones políticas de sus adversarios.
Desarrollo del juicio y contexto político
En octubre del año pasado, el Ministerio Público formalizó la acusación, y la Fiscalía de Tarija incorporó al expediente más de 170 pruebas, incluyendo 39 testimonios. La defensa de Morales presentó una declaración de la presunta víctima negando haber sido parte de una red de trata, pero el tribunal mantuvo la orden de detención y las restricciones sobre sus bienes.
El proceso judicial coincidió con protestas y bloqueos en varias regiones del país, críticas dirigidas hacia las políticas económicas del gobierno actual. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, responsabilizó a grupos leales a Morales por los bloqueos, denunciando el uso de recursos económicos para movilizar manifestantes.
Por su parte, el vicepresidente Edman Lara, enfrentado políticamente con el presidente Paz, exigió acciones inmediatas del gabinete y de la Policía para ejecutar la orden de detención contra el expresidente.
