La República Dominicana se encuentra obligada por tratados a responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a acatar los fallos de la Corte Interamericana, una situación que contrasta con la de Estados Unidos, que puede ignorar recomendaciones sin violar ningún acuerdo internacional.
Contexto histórico y legal
El país caribeño ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte en 1999. Por el contrario, Estados Unidos firmó la Convención en 1977 pero nunca procedió a su ratificación, lo que lo deja fuera de la jurisdicción vinculante del tribunal supranacional.
Esta diferencia se explica tanto por cuestiones de derecho como por razones políticas. Para la nación dominicana, integrada al sistema interamericano en un contexto de transición democrática posterior a 1978, esta adhesión otorgaba legitimidad externa y funcionaba como un contrapeso interno.
La asimetría del poder y sus consecuencias
Para un país de tamaño mediano como la República Dominicana, desconocer a la CIDH conlleva un costo diplomático inmediato, incluyendo presión de socios internacionales y daño reputacional. Estados Unidos, debido a su peso geopolítico, puede marginarse del sistema sin sufrir consecuencias materiales significativas, sustentándose en una tradición de excepcionalismo jurídico.
Esta asimetría es particularmente notable en el tema migratorio. Mientras la CIDH y organizaciones como Amnistía Internacional han sido rápidas en señalar políticas dominicanas sobre deportaciones y nacionalidad, su reacción frente a denuncias de abusos contra dominicanos en territorio estadounidense ha sido distinta.
Denuncias de aplicación desigual
Entre 2018 y 2023, organizaciones de la sociedad civil documentaron en Estados Unidos redadas de ICE con detenciones sin orden judicial, separación familiar y deportaciones aceleradas de ciudadanos dominicanos. En Puerto Rico, también se denunciaron entre 2020 y 2024 casos de perfilamiento racial y demoras excesivas en procesos de asilo para dominicanos.
Sobre estos hechos no se registraron comunicados públicos de la CIDH o campañas de AI con la misma intensidad dirigida contra la República Dominicana, lo que alimenta una percepción de selectividad en la aplicación del sistema.
Reflexión sobre la participación dominicana
Abandonar el sistema interamericano aislaría al país y eliminaría un canal utilizado por la ciudadanía para reclamar frente al Estado. El problema central identificado no es el mecanismo de la CIDH en sí, sino su aplicación desigual y la ausencia de Estados Unidos en el esquema vinculante.
La región ganaría mayor autoridad moral si todos sus miembros, incluido el más poderoso, aceptaran las mismas reglas. Mientras esto no suceda, la República Dominicana seguirá respondiendo ante el sistema porque está atada por tratados y por cálculo político, mientras Estados Unidos puede permitirse decir que no.
