El Senado de la República Dominicana ratificó este miércoles una serie de enmiendas a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el fin de intensificar la supervisión sobre los recursos económicos que reciben las formaciones políticas y bloquear capitales de procedencia criminal.
Medidas contra el lavado y el narco
Las modificaciones incluyen disposiciones específicas diseñadas para obstaculizar la entrada de dinero proveniente del tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras operaciones fuera de la ley dentro de las colectividades. Además, la normativa actualizada impone exigencias de probidad y evaluaciones de "debida diligencia" para la selección de aspirantes y dirigentes internos.
Refuerzo de las atribuciones de la JCE
Como parte de los cambios, la Junta Central Electoral verá ampliadas sus competencias para fiscalizar con mayor rigor tanto los procesos internos como la gestión financiera de los partidos. La legislación también prevé la creación de programas y áreas de cumplimiento al interior de estas organizaciones para mejorar la vigilancia y evitar desviaciones.
La aprobación de estas reformas se produce en un contexto de alerta creciente ante la necesidad de proteger el sistema político nacional de posibles conexiones con redes delictivas y financiamiento de origen oscuro. Ricardo de los Santos, quien preside el Senado, ha manifestado su respaldo a estas acciones dirigidas a robustecer la transparencia y la credibilidad de las instituciones democráticas.
Alcance de las reformas
El proyecto introduce ajustes en múltiples artículos de la Ley 33-18, que data del 2018, con la meta de afianzar mayores estándares de control, legalidad y apertura en todos los grupos políticos del país. Con esta iniciativa, las autoridades legislativas buscan fortalecer los instrumentos de auditoría y minimizar las probabilidades de que el crimen organizado se infiltre en la arena política dominicana.
