Dos recientes dictámenes de organismos internacionales han puesto de manifiesto las deficiencias de Chile en la implementación de compromisos sobre derechos humanos, específicamente en la búsqueda de personas desaparecidas y en la garantía del derecho a huelga.
Evaluación del Plan Nacional de Búsqueda
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, tras una visita realizada en enero, emitió un informe en abril reconociendo el Plan Nacional de Búsqueda como "una buena práctica" y "un avance fundamental". El documento destaca logros como la creación de una nómina oficial de casi 1,500 víctimas y el establecimiento de mesas de trabajo interinstitucionales.
Sin embargo, el informe advierte que el Plan carece de un marco jurídico sólido y de un presupuesto estable, dependiendo por completo de la voluntad política del gobierno de turno. El Grupo de Trabajo expresó preocupación por desvinculaciones recientes en el equipo directivo, lo que considera una pérdida de memoria institucional.
Fallo sobre libertad sindical
Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió, con diez votos contra cuatro, que el derecho de huelga está protegido bajo el Convenio nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. La Corte argumentó que este derecho es un instrumento fundamental para que los trabajadores defiendan sus intereses.
Para Chile, esta opinión consultiva tiene implicaciones inmediatas, dado que el país es parte de ese convenio desde 1999. La Constitución chilena consagra el derecho a sindicarse pero no explícitamente el derecho a huelga.
Patrón de incumplimiento y recomendaciones
Ambos documentos evidencian un patrón en el que el Estado chileno asume compromisos internacionales que luego no implementa plenamente a nivel nacional. El Grupo de Trabajo de la ONU enfatizó las "obligaciones de garantía" del Estado, que van más allá de no interferir, requiriendo la creación de condiciones, recursos y un marco legal permanente.
Las recomendaciones son taxativas: el Estado debe aprobar una ley que garantice la continuidad, estabilidad institucional y financiamiento permanente del Plan Nacional de Búsqueda. En materia laboral, se requiere revisar el marco constitucional y legal para asegurar que la protección del derecho de huelga sea efectiva.
El análisis concluye que, en el contexto político actual, donde la administración ha mostrado resistencia a algunos estándares internacionales de derechos humanos, garantizar estos derechos requiere una decisión legislativa clara, financiamiento permanente y vigilancia sistemática, yendo más allá de la buena voluntad.
