Centenares de personas se manifestaron este domingo en Santo Domingo para exigir que el caso de la discoteca Jet Set sea juzgado como homicidio voluntario, lo que podría acarrear penas de hasta tres décadas de prisión para sus dueños. La movilización, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, partió hacia el Palacio de Justicia en demanda de una recalificación del proceso judicial.
Piden justicia por los 236 fallecidos
Los participantes, que portaban pancartas y fotografías, recorrieron calles de la capital dominicana hasta llegar a las inmediaciones del tribunal, custodiado por agentes policiales. Ana Ramírez, líder del movimiento, afirmó que los propietarios, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, conocían el deterioro estructural del local y aún así permitieron la realización de eventos.
“Ellos tenían pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo y continuaron con la fiesta”,
expresó Ramírez.
Actualmente, el Ministerio Público mantiene una acusación por homicidio involuntario, una figura que contempla penas menores y que ha generado indignación entre los afectados. Los manifestantes corearon consignas como “No fue un accidente, fue homicidio con dolo eventual”.
Relatos de negligencia durante la protesta
Durante la marcha, familiares de las víctimas insistieron en que existían señales previas sobre el mal estado del techo. Milagros Martínez, madre de una gobernadora fallecida en el colapso, declaró que los dueños sabían de las filtraciones desde hacía años.
“Él dijo que desde que compró el local caía agua y nunca tomó medidas para arreglarlo”,
manifestó entre lágrimas.
Martínez añadió que incluso una hora antes del evento había oportunidad de suspenderlo y evitar la tragedia que, el 8 de abril de 2025, dejó 236 muertos y decenas de heridos durante una presentación del merenguero Rubby Pérez.
El caso se acerca a una etapa clave
La presión pública sobre la Fiscalía y el Poder Judicial ha ido en aumento conforme se acerca una audiencia decisiva. El próximo 15 de junio, un juez determinará si el proceso judicial continuará formalmente contra los hermanos Espaillat.
José Luis Custodio, un sobreviviente que perdió a cuatro personas cercanas, pidió firmeza en el proceso.
“Si hubiera sido en otro país, hace rato que Antonio y Maribel Espaillat estarían presos”,
manifestó. Muchos afectados temen que el caso derive en sanciones leves y denuncian un posible trato privilegiado hacia los imputados por su influencia.
La Fiscalía ha sostenido en audiencias preliminares que los propietarios realizaron modificaciones estructurales sin informar a las autoridades y que ignoraron advertencias sobre el estado del techo, priorizando evitar gastos. Para los querellantes, estos elementos demuestran que la tragedia pudo evitarse.
