El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe este viernes que valora los avances alcanzados por la justicia dominicana en su transformación institucional y eficacia, aunque también señala desafíos estructurales pendientes que afectan el acceso ciudadano.
Progresos medibles y reconocimiento internacional
El documento, titulado "Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano", fue elaborado con información del Poder Judicial y otras instituciones oficiales. Resalta mejoras en áreas como la transformación digital, la gestión judicial y el cumplimiento de plazos procesales.
Entre los hitos específicos se menciona la implementación de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en procesos judiciales, y la firma digital de más de tres millones de documentos. Actualmente, alrededor del 66% de los trámites se realizan de manera electrónica.
Eficiencia y desafíos territoriales
El informe detalla que, a partir de reformas iniciadas en 2020, el sistema judicial nacional ha logrado una capacidad resolutiva promedio del 94.9%. No obstante, se observan disparidades entre regiones. Mientras el Distrito Nacional registra una tasa de resolución del 100.5%, provincias como Santo Domingo y Monte Cristi presentan cifras del 90.8% y 87.9%, respectivamente.
Además, se reporta una reducción promedio de 21.6 días en el tiempo de solución de los asuntos judiciales. A nivel internacional, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025 posiciona al país en el puesto 76 de 143 naciones, con una mejora del 2.1% en su puntuación general.
Obstáculos persistentes y percepción ciudadana
El PNUD subraya que el acceso a la justicia sigue condicionado por factores como la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios y la capacidad de respuesta local. Un estudio de opinión incluido en el análisis reveló que el 36.3% de los usuarios consultados enfrentó obstáculos en sus procesos, principalmente por demoras, costos legales y deficiencias en la atención.
Asimismo, el informe sostiene que siete de cada diez personas encuestadas desconocen la existencia de servicios digitales para consultar casos o realizar trámites, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la divulgación de estas herramientas.
Recomendaciones para el futuro
Entre las recomendaciones planteadas, el PNUD propone reforzar la articulación interinstitucional, promover una justicia de proximidad, ampliar el uso de la tecnología, planificar con base en datos y aplicar políticas diferenciadas según las características de cada territorio. También resalta la importancia de involucrar actores comunitarios y fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
El organismo enfatiza que fortalecer la justicia debe asumirse como una inversión estratégica para el desarrollo humano, en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los hallazgos fueron presentados durante la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación de representantes del sistema judicial y del PNUD.
